#4añosLOC 4 años de aprobada la Ley Orgánica de Comunicación y su impacto en internet

27 de junio de 2017

A cuatro años de aprobada la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) la organización Usuarios Digitales hace un balance de la aplicación de la misma en contenidos digitales y derechos de usuarios de internet. De acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos la libertad de expresión, debe ser protegida tanto en plataformas digitales como fuera de ellas.

Antecedentes

  • La Ley Orgánica de Comunicación fue publicada en el registro oficial el 25 de junio de 2013.
  • La Constitución de Montecristi (2008), en su artículo 16 declara que: “todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (2) el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”.
  • La LOC excluye los “contenidos personales en internet” de su competencia en el artículo 4.
  • El Estado ecuatoriano ha hecho esfuerzos por ampliar el acceso a internet, sin embargo no ha fomentado la cultura de respetar los derechos humanos en la red.
  • Desde su aprobación la LOC generó rechazo y preocupación en diversos sectores sociales quienes proponen derogar la ley o reformarla.

Artículo 4 LOC

En 2013 se realizó por el Día de Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, también conocido como el Día de Internet, un conversatorio con el tema coyuntural “Legislando el internet” organizado por CIESPAL, Radialistas, Usuarios Digitales e InfoDesarrollo incluyendo como panelistas a legisladores. Durante este evento se realizaron algunas observaciones a la Ley de Comunicación, especialmente en su artículo 4 que se refiere a “contenidos personales en internet”. Hasta el momento de realizado el evento el artículo 4 hacía mención a: “contenidos personales en redes sociales”, dejando un vacío en redacción que podía ser interpretado en detrimentos de los derechos de los usuarios de internet. Según Alfredo Velazco, Director Ejecutivo de Usuarios Digitales, la palabra “red social” excluye diversas plataformas en las cuales se pueden vertir opiniones en la red, por ejemplo la plataforma digital Twitter no se autodenomina “red social” sino “red de información”, del mismo modo los blogs y wikis quedaban en un limbo jurídico. María Augusta Calle, Asambleísta Provincial, tomó en cuenta la observación realizada y abrió posibilidad de cambiar el artículo en referencia. Usuarios Digitales abrió consulta para recoger propuestas de modificación del artículo 4 de la LOC, donde se debatió que redes sociales son una parte de internet, así como internet es una parte de todas las plataformas digitales existentes. Finalmente la propuesta enviada y finalmente formalizada como Ley fue la ampliación de red social a internet.

INTERNET Y LOC: temas pendientes

Pedidos de baja de contenido por DMCA

El contenido de DMCA (Digital Millenium Copyright Act) es una ley de protección de derechos de autor estadounidense que sirve para proteger obras o contenidos amparados por copyright. Desde 2013, la Secretaría de Comunicación ha interpuesto denuncias a los servidores de internet la mayoría alojados en EE.UU. En un primer momento estas denuncias fueron interpuestas por medio de la empresa española Ares Rights, luego fueron impuestas directamente por medio de la Secretaría de Comunicación. En mayo de 2015 un video subido al canal de Usuarios Digitales que apoyaba la iniciativa de tarifas planas[1] fue dado de baja por una denuncia de contenido DMCA interpuesta por la empresa española Ares Rights a nombre del canal público ECTV. La denuncia radica por el uso de 4 minutos del extracto del Enlace ciudadano 254, del sábado 14 de enero de 2012. Por medio de un comunicado público[2], miembros de Usuarios Digitales argumentaron que no se ha violado derechos de autor bajo la clausula fair use, el cual se refiere al uso de una obra con derechos de autor, para propósitos tales crítica, comentario, información periodística, la enseñanza, becas, o investigación, no constituye una infracción de copyright. Las razones expuestas por Usuarios Digitales son: 1. El propósito y carácter de uso, es para fines educativos sin fines de lucro
2. La obra no es la expresión de un privado, sino es un producto comunicacional público realizado con fondos públicos y que en sí mismo no genera ningún lucro a favor de ECTV o Ares Rights.
3. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra con derechos de autor al no ser para fines comerciales está obstaculizando el flujo de libre información para usuarios de internet
El comunicado concluye: “[…] los actos realizados a este respecto han provocado que los usuarios independientes de la plataforma Youtube, vean violados sus derechos a contar con fuentes de información que puedan ser utilizadas para ser compartidas de forma lícita y de acuerdo a las condiciones establecidas por la web.
Varios días después de la respuesta presentada por Usuarios Digitales, la plataforma Youtube restituyó el video en cuestión. Cabe mencionar que esta forma de censura ha sido utilizada reiteradamente en varias ocasiones. En mayo de 2016 varios medios digitales ecuatorianos denunciaron[3] que al menos 24 cuentas de Twitter han sido censuradas por la SECOM, todos recibieron correos por reclamación de contenido DMCA. Según un comunicado difundido entre los usuarios se encuentran: @DigiRightsLAC, @ElRepublicanoEC, @Alfredo240866, @DONKVEDO, @Dictatorecuador, @cruzquemada, @Barcejomar, @Aliciadorada, @barceblaccio, y @4pelagatos4. Todos ellos, compartieron imágenes del Presidente u otros funcionarios públicos en actos oficiales.

Procesos penales desproporcionados

La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la OEA ha analizado algunas de las obligaciones que impone LOC sobre los medios de comunicación que pueden resultar ambiguas y exorbitantes. La falta de precisión o claridad en el régimen de obligaciones o la existencia de obligaciones desproporcionadas, podría impedir de manera injustificada, la operación de medios de comunicación que no pueden crear obligaciones impuestas o crear un efecto intimidatorio en el resto de la sociedad.
La mayoría de tipos penales utilizados para encarcelar a personas que vierten sus opiniones en internet están relacionados con proteger la honra de funcionarios públicos. La CIDH ha expresado que cuando se trata de proteger la honra y reputación de una persona es importante tener en cuenta que únicamente los hechos y no las opiniones son susceptibles a juicios de veracidad o falsedad. En consecuencia la CorteIDH indica que solo las expresiones que aparejan falsa imputación de hechos verificables pueden ser sancionados por legislación que proteja la honra de las personas. De este modo resalta como se han utilizado procesos penales altamente intimidadores y estigmatizante contra personas que han vertido sus opiniones en redes sociales. En noviembre de 2015, el tuitero Sebastián Cevallos, del movimiento político Unidad Popular fue condenado a 15 días de prisión por publicar un caso de supuesto nepotismo relacionado con el entonces Ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco. Del mimso modo en enero de 2016 la concejala de Loja Jeanine Cruz fue condenada a 30 días de prisión por la publicación de un video en Twitter que acusaba de actos de corrupción al alcalde de Loja José Bolívar Castillo. Los imputados cumplieron sus sentencias y marcaron un precedente peligroso para Ecuador ya que a pesar de que artículo 4 de LOC excluye contenidos vertidos en internet, se ha recurrido a otros reglamentos como el COIP para imponer querellas que criminalizan la expresión en plataformas digitales.

Discurso estigmatizante

Usuarios Digitales ha documentado en varias ocasiones discurso estigmatizante vertido por funcionarios públicos en contra de medios de comunicación y usuarios de redes sociales. En junio de 2016 Rafael Correa durante el enlace ciudadano amenazó con revelar la identidad de usuarios de Twitter que “insulten o ataquen al gobierno en redes sociales”. De acuerdo al Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el discurso estigmatizante es una forma grave de censura. Como recuerda la CIDH los funcionarios públicos tienen la obligación de mantener neutralidad sobre opiniones vertidas en internet. La Comisión ha manifestado en varias oportunidades que los funcionarios públicos, por el rol social que ejercen, están sujetos a mayor escrutinio público y por ende deben tener mayor tolerancia sobre información vertida sobre ellos.

La defensa de la opinión en internet

Como se mencionó al inicio del documento la presión de organizaciones sociales previo a la aprobación de LOC en 2013, especialmente en el artículo 4, ha representado una normativa jurídica que defiende la opinión en internet. A pesar de que instituciones como la Secretaria de Comunicación usan otros reglamentos como el COIP, por ejemplo, es vital mencionar la importancia de cambiar el espectro de “red social” a “internet”. Entre octubre y noviembre de 2015, el columnista y creador del blog de opinión #EstadoDePropaganda Roberto Aguilar fue llamado a audiencia por supuestas injurias contra el ex Secretario de Comunicación Fernando Alvarado. Según notas periodísticas[5], una columna de opinión escrita por Aguilar habría sido usada como prueba de “injurias” y “atentar contra la honra”. La defensa de Aguilar, apeló usando el argumento jurídico del artículo 4 de LOC, en la cual se mantiene que los contenidos en internet no entran en la competencia de la Superintendencia de Comunicación. Finalmente, el caso Aguilar culminó la última semana de noviembre de 2015 en dicha causa se absuelve al columnista de todos los cargos iniciados por el proceso administrativo de la SECOM.

Conclusiones

A 3 años de aprobada LOC persisten muchos desfases en lo escrito en la legislación y la institucionalidad de la misma. Si bien el artículo 4 excluye la regulación de contenidos vertidos en internet se puede apreciar varias formas en las que se censurado contenido: · El bloqueo por contenido DMCA es una de las formas que más se ha utilizado para censurara medios digitales y usuarios de redes sociales · Los procesos penales intimidatorios y excesivos en contra de medios de comunicación y usuarios de internet disuaden la libertad de expresión y producen un efecto intimidador para el resto de la sociedad. · El discurso estigmatizante vertido por miembros del Estado es una forma intimidatoria de producir autocensura. · Los tipos penales que defienden el honor son usados en detrimento de la libertad de expresión.
En 2016 Usuarios Digitales reportaron 160 amenazas a derechos humanos en internet, que revelaron que existen diversos mecanismos para censurar opiniones en internet.
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